Australia se convirtió en diciembre de 2025 en el primer país en prohibir el acceso a redes sociales para menores de 16 años, con multas millonarias para plataformas que incumplieran la norma. Sin embargo, tres meses después, un informe del regulador eSafety revela que un “porcentaje significativo” de adolescentes sigue activo en Instagram, TikTok o YouTube, gracias a fallos como la posibilidad de modificar la edad declarada o registrar cuentas con datos falsos.
El artículo1, basado en datos oficiales y en la opinión del experto Pablo Duchement, subraya una paradoja:
Las plataformas tienen la tecnología para verificar edades —incluso la usan para publicidad segmentada—, pero eluden aplicarla por intereses económicos, ya que los menores son “grandes consumidores de contenido”.
El texto destaca la contundencia de la denuncia australiana, respaldada por cifras: aunque se eliminaron 4.7 millones de cuentas, el 31.3% de los menores sigue en redes, y 7 de cada 10 de los que ya tenían perfiles continúan activos. Duchement, especialista en delitos digitales, señala que el problema no es técnico, sino de falta de voluntad corporativa, y advierte que solo las sanciones judiciales —como las que prepara el gobierno de Anika Wells— podrían cambiar la situación. Sin embargo, el artículo pecaría de unilateralidad: no incluye la postura de las plataformas ni explora soluciones alternativas, como programas de alfabetización digital o regulaciones colaborativas con otros países.